Subsecretario del estado de Río de Janeiro señala ilegalidades y pide cancelación de contratos hospitalarios para tratamiento de COVID-19
En Río de Janeiro, el subsecretario Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, Felipe de Melo Fonte, encontró ilegalidades en la selección de entidades responsables de la administración de los dos hospitales estatales que serán referencias en el tratamiento de personas con Covid-19.
La solicitud de cancelación por parte de Fonte se realizó porque no se respetaron los plazos estipulados en la convocatoria para la recepción de propuestas.
La selección del sitio se realizó un día después de la publicación del proyecto en el Diario Oficial. Según las bases, el plazo para la presentación de proyectos era de dos días. Se estimó que el costo de la gestión de las unidades durante los próximos seis meses ascendería a R$1.400.000. El caso se reveló en el blog del periodista Ruben Berta.
La disputa por la administración de los hospitales estatales Zilda Arns, en Volta Redonda, y Anchieta, en la capital, fue ganada por el Imaps (Asociación de Protección a la Maternidad y a la Infancia de Mutuípe) y el Idab (Instituto Diva Alves do Brasil).
Refutación
El subsecretario habló poco después de que el Instituto de la Solidaridad refutara los resultados de ambas licitaciones, que detectaron irregularidades. Una fuente señaló en sus opiniones que «ni siquiera el contexto de emergencia invocado autoriza la ejecución de contratos administrativos viciados».
“Existe un defecto irremediable en el procedimiento de selección, a saber: la contradicción interna en la convocatoria relativa al plazo de presentación de la documentación para los interesados en participar en el concurso, defecto señalado, incluso, por el impugnante en el documento que dio lugar a la apertura de este procedimiento administrativo”, escribió Fonte, abogado del Estado.
Según el subsecretario, el incumplimiento del proceso de licitación impidió la participación de la mayoría de los interesados en la gestión de los hospitales. El fiscal también declaró en su dictamen que el proceso de licitación no se presentó a la Subsecretaría Jurídica. Esta situación viola un decreto estatal.
El subsecretario ejecutivo Gabriell Neves coordinó el proceso de licitación. También fue la persona con la que Mariana Scardua, exsubsecretaria de Gestión Integral de la Salud, tuvo desacuerdos antes de su destitución.
Scardua dirigía el subdepartamento responsable de la gestión de las unidades de salud del estado. Esto incluía la regulación de camas hospitalarias, el establecimiento de protocolos de gestión de medicamentos y otras actividades estrechamente relacionadas con la lucha contra la pandemia.
El Departamento de Salud del Estado explicó que la destitución se debió a un cambio en la estructura del departamento, con el fin de centrar esfuerzos en el combate al nuevo coronavirus.
El departamento no hizo comentarios sobre la opinión del subsecretario jurídico.